La extorsión afecta hasta un cinco por ciento la cadena del aguacate

La cadena de valor del aguacate en México enfrenta una afectación directa de hasta el cinco por ciento en sus costos operativos debido a las presiones de la extorsión, según reportes recientes del sector comercial. Este fenómeno impacta principalmente a los pequeños productores y distribuidores en estados clave como Michoacán, quienes enfrentan el cobro de cuotas ilegales que terminan trasladándose al precio final del consumidor en el mercado nacional e internacional.

Ante la proximidad de eventos de alta demanda global como el Super Bowl, representantes del pequeño comercio han señalado la urgencia de fortalecer la seguridad en las zonas de cultivo. La propuesta planteada por los sectores afectados sugiere que la exportación del fruto debe ser considerada un eje estratégico dentro de los planes de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), buscando garantizar la integridad de toda la cadena de suministro.

Los comerciantes sostienen que la estrategia actual debe transitar hacia un modelo que incluya la vigilancia constante en las rutas de transporte y centros de acopio. Consideran que, al ser el aguacate un producto de alta relevancia para la economía mexicana, su protección debe involucrar una coordinación interinstitucional más estrecha entre la Guardia Nacional y las autoridades estatales, evitando que los grupos delictivos sigan mermando la rentabilidad de las familias productoras.

Aunque el sector reconoce las labores de patrullaje vigentes, insisten en que la complejidad del delito de extorsión requiere medidas preventivas adicionales. La intención de los productores es que las autoridades federales establezcan protocolos específicos que blinden la exportación, asegurando que el producto mexicano mantenga su competitividad frente a la presión de los costos derivados de la inseguridad.

Finalmente, los actores del sector han manifestado su disposición para colaborar con la Secretaría de Economía y la Fiscalía General de la República en la implementación de mecanismos de denuncia más seguros. La meta central es reducir la vulnerabilidad de los pequeños negocios frente a la delincuencia organizada y garantizar que los beneficios del mercado internacional se traduzcan en desarrollo local, evitando que los márgenes de ganancia sigan siendo absorbidos por actividades ilícitas.