Next Energy denuncia ante la FGR supuesta persecución en Aguascalientes
La empresa Next Energy presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra autoridades de Aguascalientes, acusando una persecución judicial mediante carpetas de investigación fabricadas contra su directivo, Eugenio Javier Maiz.
La compañía Next Energy formalizó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de autoridades estatales de Aguascalientes. Los representantes legales de la empresa señalaron que han sido víctimas de una persecución institucional, la cual se materializa en la apertura de cinco carpetas de investigación en contra de Eugenio Javier Maiz, directivo de la firma, por delitos que la parte acusadora califica como falsos.
De acuerdo con la información presentada ante el Ministerio Público Federal, la empresa sostiene que las acciones emprendidas por el gobierno local carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia de hostigamiento. La defensa legal de Next Energy enfatizó que, tras una revisión de los expedientes, han detectado inconsistencias graves en las pruebas presentadas por las autoridades estatales, lo que sugiere una intención de judicializar conflictos de carácter administrativo o privado.
La denuncia ante la FGR busca que la autoridad federal atraiga el caso, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales y se ha hecho un uso indebido de las instituciones de procuración de justicia a nivel local. Los representantes de la empresa solicitaron que se realicen las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre el origen de las acusaciones y los funcionarios involucrados en la integración de dichas carpetas.
Hasta el momento, la administración estatal de Aguascalientes no ha emitido una postura oficial respecto a este recurso legal presentado ante la instancia federal. Por su parte, el equipo legal de la compañía ha señalado que continuarán colaborando con las autoridades ministeriales para demostrar la inocencia de su directivo y frenar lo que consideran un proceso de acoso injustificado. La empresa mantiene sus operaciones en la entidad, aunque ha manifestado preocupación por el impacto que esta situación genera en el ambiente de inversión y seguridad jurídica dentro del estado.
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