Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México
La agencia calificadora señala que los cambios en el sistema judicial y otras reformas generan incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos y garantías legales.

La agencia calificadora Moody’s informó este jueves que la inversión privada en México continúa enfrentando limitaciones significativas debido a los recientes cambios estructurales en el sistema judicial del país. Según el análisis de la institución, la percepción de los inversionistas se ha visto afectada por las modificaciones en el marco legal, las cuales generan dudas sobre la estabilidad jurídica a largo plazo.
El reporte destaca que, además de la reforma judicial, existen otras iniciativas legislativas que han incrementado la incertidumbre operativa en diversos sectores económicos. Estas medidas han impactado la confianza de los capitales nacionales y extranjeros, quienes muestran cautela ante posibles riesgos en el cumplimiento de contratos y la protección de sus garantías frente a disputas comerciales.
Para los analistas de la agencia, la seguridad jurídica es un pilar fundamental para que el país pueda aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas. La falta de claridad en las reglas del juego administrativo y judicial podría, según advierten, frenar el flujo de inversiones necesarias para consolidar el crecimiento económico proyectado por la SHCP en los próximos años.
La postura de la calificadora se suma a otras preocupaciones expresadas por diversos organismos financieros sobre el entorno institucional mexicano. La atención de los mercados internacionales permanece enfocada en cómo se implementarán los cambios normativos y si estos permitirán mantener un equilibrio entre las facultades de los poderes públicos y los derechos de los particulares.
Finalmente, el documento subraya que el clima de negocios en México se mantiene bajo observación constante por parte de las agencias internacionales. La capacidad de las autoridades para ofrecer certidumbre y fortalecer el Estado de derecho será determinante para definir la calificación crediticia del país y el apetito de riesgo de los inversionistas globales en el corto y mediano plazo.
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