Mineros de Sombrerete y Taxco marchan para exigir fin de huelga

Trabajadores mineros de las secciones sindicales de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, convocaron a una marcha este jueves 30 de julio en la Ciudad de México. El objetivo de la movilización es demandar una solución definitiva a la huelga que mantienen desde hace 19 años en instalaciones operadas por Grupo México, conflicto que ha paralizado la actividad extractiva en ambas regiones durante casi dos décadas.

Los manifestantes exigen a las autoridades federales la intervención directa para que se retiren las concesiones mineras a la empresa, argumentando incumplimientos persistentes en materia de seguridad, condiciones laborales y convenios colectivos. La representación sindical sostiene que la falta de resolución ha afectado gravemente la economía de las familias mineras, quienes dependen de la reactivación de las unidades productivas bajo esquemas legales que garanticen sus derechos.

Durante la jornada de protesta, los trabajadores planean entregar un pliego petitorio en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En dicho documento, solicitan que la dependencia actúe como mediadora ante la empresa para revisar el estatus legal de los permisos de explotación y asegurar que se cumplan las normativas ambientales y laborales vigentes en el país.

El conflicto, uno de los más prolongados en la historia minera reciente de México, ha sido objeto de diversas mesas de diálogo en años anteriores sin alcanzar un acuerdo satisfactorio para la base trabajadora. Los mineros señalan que la persistencia del cese de labores es consecuencia de una falta de voluntad empresarial para atender las demandas de seguridad y salarios dignos planteadas desde el inicio del movimiento.

La movilización, que recorre las principales vialidades del centro de la capital, cuenta con el acompañamiento de organizaciones sindicales que respaldan la petición de justicia laboral. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre la posibilidad de revocar las concesiones solicitadas, manteniéndose el llamado al diálogo como la vía principal para resolver el diferendo.