México recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles ligados a García Luna

El Gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares derivados de la venta de doce inmuebles que pertenecían a la familia Weinberg, identificada como parte de la red de prestanombres de Genaro García Luna. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de recuperación de activos vinculados con la corrupción y el desvío de recursos públicos durante administraciones pasadas, consolidando un paso significativo en las investigaciones patrimoniales que el Estado mexicano mantiene sobre el exsecretario de Seguridad Pública.

La operación de venta, ejecutada a través de las instancias correspondientes del Gobierno Federal, permitió la liquidación de propiedades ubicadas en diversas zonas de alta plusvalía que habían sido aseguradas previamente por las autoridades judiciales. Los recursos obtenidos han sido transferidos a las arcas nacionales, cumpliendo con el objetivo de resarcir el daño patrimonial causado al erario mediante esquemas de lavado de dinero y contrataciones irregulares que fueron documentados por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fuentes del equipo de gobierno indicaron que la administración actual mantiene una política activa para localizar y gestionar la recuperación de otros activos que aún permanecen bajo la titularidad de personas físicas y morales relacionadas con el círculo cercano del exfuncionario. Estas acciones responden a una estrategia integral para desmantelar las estructuras financieras que permitieron la consolidación de redes de corrupción y enriquecimiento ilícito durante el periodo de gestión de García Luna.

Las autoridades señalaron que el proceso de enajenación seguirá su curso conforme a los tiempos que marca la legislación vigente para la disposición de bienes asegurados en casos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con este avance, el Gobierno de México reafirma su compromiso de continuar con las investigaciones hasta lograr la plena recuperación de los activos que fueron sustraídos mediante el uso indebido de las instituciones de seguridad y justicia del país.