Liz Salgado cuestiona indicadores tras el Segundo Informe de Gobierno capitalino

La legisladora Liz Salgado cuestionó este martes los resultados presentados durante el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, al advertir que el documento carece de indicadores precisos para evaluar el estado actual de la capital. Según el equipo de la diputada, el informe se limita a enumerar acciones gubernamentales sin presentar mediciones claras sobre la eficacia de las políticas públicas implementadas en los últimos meses.

El reclamo central de Salgado se enfoca en la necesidad de obtener datos desglosados sobre el sistema de salud pública, el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el impacto social de las UTOPÍAS. La legisladora sostiene que, sin una metodología de evaluación transparente, resulta imposible determinar si los programas han logrado mejorar la calidad de vida de los habitantes o si han resuelto las problemáticas estructurales de la ciudad.

En cuanto a los servicios de salud, el equipo de la diputada enfatizó que la transición hacia los modelos centralizados requiere una rendición de cuentas que permita conocer el nivel de abasto de medicamentos y la capacidad de atención en los centros hospitalarios de la red local. Salgado propone que el gobierno capitalino integre indicadores de desempeño que permitan a la ciudadanía comparar los resultados actuales con los objetivos planteados al inicio de la administración.

Respecto a la movilidad, el cuestionamiento subraya la urgencia de presentar cifras sobre el mantenimiento y la seguridad en las líneas del Metro. La legisladora insiste en que la inversión reportada debe verse reflejada en la reducción de tiempos de espera y en una disminución de las incidencias técnicas que afectan diariamente a millones de usuarios en la entidad federativa.

Finalmente, sobre el programa de UTOPÍAS, Salgado pidió al gobierno local que detalle el alcance real de los servicios ofrecidos en estas instalaciones. La propuesta de la legisladora es que se realicen evaluaciones de impacto social que permitan verificar si estos espacios cumplen con sus objetivos de cohesión comunitaria y reducción de la brecha de desigualdad, más allá de la cantidad de personas que han acudido a los recintos.