Las reglas energéticas de 2013 facilitaron el auge del huachicol fiscal

La apertura del sector energético iniciada en 2013 permitió que diversas empresas utilizaran vacíos legales para introducir combustibles al país bajo clasificaciones erróneas, un fenómeno conocido como huachicol fiscal. Durante el periodo de mayor impacto de la pandemia de COVID-19, las autoridades federales detectaron una red masiva de evasión que disfrazaba hidrocarburos como aditivos o lubricantes para evitar el pago de impuestos especiales.

Esta práctica, que se consolidó tras la reforma energética, consistía en la importación de mezclas que, al ingresar a territorio nacional, eran procesadas o vendidas directamente como gasolina o diésel sin cumplir con las contribuciones fiscales correspondientes. El SAT identificó que este esquema de simulación afectó gravemente la recaudación nacional, permitiendo que actores privados comercializaran carburantes a precios artificialmente bajos al evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Especialistas coinciden en que la falta de supervisión estricta en las aduanas y la fragmentación en las reglas de importación permitieron que este delito creciera sin control durante años. La Secretaría de Energía y la SHCP han implementado medidas de fiscalización más rigurosas en los puntos de entrada para frenar la entrada de productos que no cuentan con la certificación necesaria para su comercialización legal.

Ante esta situación, el Gobierno Federal ha propuesto fortalecer la vigilancia en las terminales de almacenamiento y puntos de internación aduanera. El objetivo es desmantelar las redes de intermediarios que aprovechan las lagunas administrativas para introducir combustible ilegal, garantizando que todo producto energético que ingrese al país pague los impuestos establecidos por la ley vigente.