La SCJN obliga juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben juzgarse obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. Esta resolución establece que los juzgadores tienen el mandato constitucional de aplicar esta metodología para identificar patrones de violencia específicos, dejando de lado la discrecionalidad en la valoración de las pruebas ante la Fiscalía General de la República y tribunales locales.

La decisión del máximo tribunal subraya que el contexto de riesgo que enfrentan las mujeres al realizar labores de defensa requiere una atención diferenciada. Según la determinación, los operadores de justicia deben considerar factores como la pertenencia a grupos vulnerables, la labor social ejercida y las dinámicas de poder asimétricas que pudieron influir en la comisión del delito. Esta medida busca garantizar el acceso real a la justicia y evitar la revictimización en los procesos de búsqueda y sanción.

El fallo destaca que la perspectiva de género no es una opción técnica, sino una herramienta esencial para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. La Corte enfatizó que los jueces deben investigar si la desaparición está vinculada directamente con la actividad de defensa de la víctima, analizando posibles represalias por parte de grupos de poder o actores externos. Este cambio de enfoque pretende cerrar las brechas que históricamente han dificultado la resolución de estos casos en el sistema judicial.

Asimismo, la SCJN instó a las fiscalías a fortalecer las unidades de investigación especializadas con personal capacitado en derechos humanos y protocolos específicos para mujeres. La resolución implica que, de no aplicarse esta perspectiva durante la etapa de instrucción, las sentencias podrían ser impugnadas por violaciones al debido proceso. Con esta medida, el Poder Judicial busca establecer un estándar obligatorio que asegure la protección integral de las mujeres que dedican su vida a la defensa de causas sociales en el país.