La SCJN invalida facultades estatales para investigar y perseguir la extorsión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional que los congresos estatales emitan normativas propias para investigar y perseguir el delito de extorsión. El máximo tribunal estableció que esta atribución corresponde exclusivamente al ámbito federal, al considerar que la estructura procesal y penal en materia de extorsión debe mantener una uniformidad a nivel nacional para garantizar la seguridad jurídica.

La decisión de los ministros subraya que, aunque las entidades federativas tienen facultades en ciertos ámbitos de seguridad pública, no pueden invadir la esfera de competencia del Congreso de la Unión en la tipificación y regulación procedimental de delitos que impactan el orden nacional. Esta sentencia busca evitar la dispersión legislativa que, según el análisis de la Corte, complica la coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

Con esta resolución, cualquier ley estatal que intente establecer reglas específicas para el seguimiento de este ilícito queda sin efecto jurídico. La medida impacta directamente en cómo las fiscalías de los estados deberán ajustar sus protocolos actuales, obligándolas a apegarse estrictamente a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación federal vigente.

Especialistas en derecho constitucional señalan que este fallo es fundamental para armonizar el sistema de justicia penal en México. La determinación busca cerrar vacíos legales que, en ocasiones, permitían interpretaciones divergentes en las distintas entidades federativas al momento de judicializar las denuncias presentadas por la ciudadanía ante las autoridades locales.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), deberá ahora coordinar con las autoridades locales para asegurar que la transición hacia este esquema centralizado no afecte la atención a las víctimas. Se espera que en los próximos meses se establezcan nuevos lineamientos operativos para que las policías estatales y las fiscalías locales actúen bajo un marco de colaboración estrictamente alineado a las competencias federales dictadas por la Corte.