IMSS investiga muertes de bebés en Jalisco y Durango ante posibles negligencias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este lunes que iniciará procesos para sancionar las fallas institucionales detectadas tras el fallecimiento de varios bebés en unidades médicas de Jalisco y Durango. La institución informó que entregará toda la documentación recabada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se deslinden las responsabilidades legales correspondientes en el ámbito penal.

La estrategia del IMSS contempla la entrega formal de los resultados obtenidos mediante una auditoría clínica independiente, la cual fue comisionada para revisar los protocolos de atención y los procesos de vigilancia epidemiológica en los hospitales afectados. Las autoridades del instituto señalaron que este ejercicio busca garantizar la transparencia y permitir que los familiares de las víctimas conozcan los hallazgos técnicos sobre la atención médica recibida.

De acuerdo con la información institucional, el compromiso es notificar personalmente a cada una de las familias involucradas sobre las conclusiones de estas evaluaciones. El equipo de comunicación del instituto precisó que, además de las acciones legales ante la FGR, se implementarán medidas correctivas en los servicios de neonatología de las entidades mencionadas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

El proceso de auditoría incluyó la revisión detallada de expedientes, el seguimiento de la cadena de suministro de insumos médicos y la evaluación del personal de guardia al momento de los incidentes. Esta intervención busca fortalecer los controles internos de seguridad del paciente, bajo los lineamientos vigentes de la Secretaría de Salud y en estrecha coordinación con las instancias de justicia federales.

La administración del instituto reiteró que no habrá tolerancia ante posibles actos de negligencia médica o administrativa. El caso permanece bajo análisis técnico mientras la FGR evalúa los elementos entregados por la institución para determinar si existen elementos suficientes para proceder contra los funcionarios o personal sanitario que pudiera resultar responsable de las irregularidades detectadas.