EE. UU. sanciona a cúpula del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este martes sanciones económicas contra el actual liderazgo del Cártel de Sinaloa. La medida incluye a una veintena de integrantes de la estructura criminal y a diversos funcionarios estatales en México, señalados por facilitar actividades ilícitas y proteger las operaciones de trasiego de drogas hacia el mercado estadounidense.

La acción administrativa, que congela activos y prohíbe transacciones financieras con los involucrados, se fundamenta en investigaciones sobre el flujo de precursores químicos y el lavado de dinero. Según el reporte oficial, los servidores públicos sancionados habrían otorgado beneficios indebidos y apoyo logístico a la organización, contraviniendo las leyes federales mexicanas y los tratados de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Desde la Ciudad de México, el Gobierno Federal ha mantenido una postura de revisión ante las notificaciones recibidas por parte de las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado que se mantendrá el diálogo diplomático para esclarecer los alcances de estas designaciones, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) podría iniciar indagatorias internas para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de los funcionarios señalados.

Estas sanciones se suman a la estrategia de presión financiera que Washington despliega contra las organizaciones criminales transnacionales. El impacto de estas medidas busca debilitar las estructuras de financiamiento ilícito en estados donde la presencia del cártel ha sido históricamente reportada, afectando tanto a operadores de campo como a quienes facilitan la impunidad desde el servicio público.

La cooperación entre ambos países en materia de inteligencia financiera sigue siendo un punto de atención en la agenda de seguridad. El Ejecutivo Federal ha reiterado que cualquier investigación que involucre a autoridades nacionales debe seguir el debido proceso y respetar la soberanía, mientras se continúa colaborando con las agencias internacionales en el combate al tráfico de sustancias sintéticas y armas.