Cuestionan criterios de la FAA sobre seguridad aérea en México

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos se encuentra nuevamente bajo el escrutinio de especialistas en el sector aeronáutico mexicano, quienes señalan inconsistencias en los criterios utilizados para evaluar la seguridad aérea de otros países. La crítica central radica en la postura de la agencia estadounidense, a la que diversos sectores califican como una intervención que ignora las capacidades técnicas internas de las naciones soberanas mientras mantiene estándares discrecionales bajo el argumento de la supervisión global.

Desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se ha enfatizado que México ha realizado esfuerzos significativos para modernizar su infraestructura aeroportuaria y fortalecer la vigilancia de las operaciones civiles. Los especialistas sostienen que la exigencia de la FAA suele anteponer protocolos burocráticos sobre la realidad operativa de la aviación comercial, generando una percepción de desequilibrio en la relación bilateral en materia de transporte aéreo.

El debate se centra en la necesidad de que los organismos internacionales adopten una postura de cooperación técnica en lugar de una lógica de calificación vertical. Analistas del sector sugieren que la FAA debería enfocar sus recursos y personal en la mejora de su propia infraestructura interna, la cual ha enfrentado retos operativos considerables en los últimos meses, en lugar de mantener una actitud de vigilancia sobre sistemas que ya cumplen con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Finalmente, se propone desde diversos foros académicos y profesionales que México fortalezca su autonomía regulatoria ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). La propuesta busca que la relación con las autoridades estadounidenses se base en un reconocimiento mutuo de certificaciones técnicas, evitando que los procesos de auditoría sean utilizados como herramientas de presión política que afecten la competitividad de las aerolíneas nacionales en el mercado transfronterizo.