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sábado, 5 de septiembre de 2026

México

Clara Brugada inicia mesas de diálogo con anfitriones de plataformas digitales

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México abrió un espacio de negociación tras las protestas de propietarios que rechazan el límite anual de rentas en plataformas.

Redacción Reporte Central
Foto: excelsior.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, instaló este martes una mesa de diálogo con representantes de anfitriones y trabajadores de plataformas de hospedaje, tras las recientes movilizaciones que han bloqueado avenidas principales en la capital. Los manifestantes expresaron su inconformidad ante las disposiciones de la Ley de Turismo local, la cual establece un límite máximo de operación anual para inmuebles destinados al alojamiento temporal a través de aplicaciones digitales.

La normativa vigente impone un tope de ocupación equivalente al 50% de los días del año, lo que representa aproximadamente 180 noches disponibles para renta. Los propietarios argumentan que esta restricción afecta significativamente sus ingresos y la viabilidad económica de sus propiedades, señalando que la medida no considera las particularidades de quienes dependen exclusivamente de este sector para su sustento diario.

Por su parte, el equipo de la administración capitalina sostuvo que el objetivo de la regulación es mitigar el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación en zonas de alta demanda turística. Durante el encuentro, las autoridades capitalinas propusieron revisar el impacto de estas limitaciones y explorar mecanismos de registro que permitan un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y la regulación del mercado inmobiliario en la Ciudad de México.

El diálogo continuará en los próximos días con la participación de especialistas en desarrollo urbano y representantes de las plataformas digitales involucradas. La administración local ha señalado que cualquier ajuste a la legislación deberá pasar por un proceso de consulta técnica y social, reafirmando que no se tiene previsto derogar la normativa, pero sí analizar criterios de flexibilidad en su implementación operativa.

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